POR UNA PROPUESTA DE LEGISLACIÓN URBANA CIUDADANA

COORDINADORA METROPOLITANA DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS TERRITORIALES

Abril de 2008

La Coordinadora Metropolitana de Organizaciones Ciudadanas Territoriales convoca a las más amplias representaciones ciudadanas del país, cuya principal labor sea la de luchar por mayores espacios de participación ciudadana efectiva en los ámbitos gravitantes del acontecer nacional y en lo particular, en aquellas materias trascendentes vinculadas al desarrollo de las ciudades, de modo de construir mancomunadamente una instancia de debate público por una propuesta alternativa de legislación urbana ciudadana.
En el marco del reciente ingreso al Senado de un proyecto de modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación urbana, por el gobierno, se abre ante el país una oportunidad histórica para provocar un vuelco desde la ciudadanía respecto a la forma como se proyectan las ciudades.
Desde esta convicción, hacemos un llamado a las organizaciones ciudadanas y a amplios sectores de la sociedad del país, a sumarse al esfuerzo colectivo de abrir un debate público en torno a cómo queremos vivir en nuestras ciudades a futuro, incorporando a ello una concepción humanista y sustentable de desarrollo urbano y de planificación del territorio nacional.
Dicha instancia estará encaminada a generar -desde la ciudadanía- un proyecto de legislación urbana que considere ámbitos ausentes hoy en el país, tales como la inclusión de prácticas democráticas efectivas en las decisiones en torno a la planificación urbana a todas las escalas territoriales, la aplicación de férreos principios de equidad por una ciudad integrada socialmente, así como el derecho intransable de vivir en un medio ambiente amigable, respetuoso de su historia y de su patrimonio.
Es necesario entender que por primera vez en la historia del país, se discutirá en el Parlamento de la República una ley de urbanismo, pues la que nos rige se origina a instancias de gobiernos dictatoriales. La primera nace durante el gobierno militar de Carlos Ibáñez del Campo en 1931, y su modificación 44 años después, se dicta durante el gobierno militar de Augusto Pinochet en 1975, cada uno imponiendo su particular y marcial concepción política.
En consecuencia nuestra nación, en ejercicio pleno de sus facultades democráticas y de estado de derecho, no ha gozado todavía de las prorrogativas para hacerse parte en la discusión respecto a materias tan trascendentes como lo son el tipo de ciudad que desea construir y el sello que quiera imprimir al desarrollo territorial del país.
Podemos afirmar de esta forma, que en el Chile de hoy se ha gobernado en base a una legislación urbana de facto, siendo esta la razón de fondo que ha originado la profunda crisis urbana, social y medioambiental que arrastran nuestras ciudades, hace ya varias décadas.
Y es justamente este espíritu autoritario de la ley, el que ha permitido soslayar la participación de la ciudadanía y de las instancias democráticas del país en la construcción de un marco legislativo urbano que cautele e interprete los verdaderos designios e idearios de la sociedad respecto a las ciudades y a la planificación del territorio, produciéndose permanentes “acomodos” y ajustes de la reglamentación urbana, según las administraciones de turno.
El principal viraje doctrinario a la ley de urbanismo, se produce durante el régimen militar de Augusto Pinochet en 1979, aboliendo el Estado protector por uno subsidiario, y considerando el suelo urbano como “un bien no escaso”, el que deberá regirse según la oferta y la demanda del mercado, dando así un brusco giro mercantilista al desarrollo urbano de las ciudades, consonante con el modelo económico neoliberal instaurado por dicho gobierno.
No obstante ello, desde el retorno a la democracia, los gobiernos de la Concertación no han sido más que meros administradores del modelo económico heredado del régimen militar, haciendo lo propio en materia urbana, tras la confección de un traje a la mediada para la industria inmobiliaria, que asegure el éxito de portentosos negocios para uno los pilares de la economía chilena, a costa de nuestras cada vez más cercenadas ciudades.
Hoy, más del 87% de la población del país vive en ciudades, y a raíz de estas políticas mercantiles del suelo urbano, se ha agudizado peligrosamente el carácter centralizador de la Región Metropolitana, operando como un verdadero imán. En Santiago vive hoy casi el 50% de la población del país, sin asignar papel alguno al respeto por la condición humana ni el medioambiente, quedando a su vez, las regiones totalmente a la deriva.
Las cifras son desoladoras, nuestra ciudad capital sufre de una enfermedad terminal, sumida en una profunda crisis urbana, social y medioambiental, ahondándose cada vez más la brecha entre pobres y ricos, aumentando los índices de segregación socioespacial, de delincuencia y de marginalidad, afectando indistintamente la calidad de vida y la salud pública de casi 8 millones de chilenos.
Pero este crudo diagnóstico no pareciera impactar al actual gobierno, manteniendo incólumes los articulados que restringen la inclusión en aquellos procesos a la ciudadanía en su actual proyecto de ley urbana, ya que si bien se evoca la necesidad de producir ciertos niveles de participación ciudadana y de información al origen de los procesos de elaboración de la planificación urbana, ello no ejercerá ningún efecto real en la práctica.
También se fundamenta la necesidad de “agilizar” los procesos de aprobación y modificación de los instrumentos de planificación urbana, no obstante en ello se evidencia un claro afán por otorgar facilidades a los requerimientos del mercado inmobiliario -dando amplias atribuciones a los municipios- para que desde la escala local se otorguen franquicias de todo orden a la empresa privada, siendo este un burdo “blanqueo” de lo que ha sido hasta ahora la forma de hacer ciudad, de modo que continúen siendo las urbes y las riquezas naturales del país la materia prima para sus privados negocios.
Por ello, reiteramos nuestro llamado a las más amplias representaciones ciudadanas del país, preocupadas por abrir mayores espacios de participación en el ámbito de las problemáticas urbanas y medioambientales, a unirse a esta histórica cruzada.
Creemos que es nuestro deber tomar en manos esta misión, ya que de no producirse cambios de fondo en el marco legislativo que rige hoy la planificación urbana y el ordenamiento territorial del país, no sólo no podrán prosperar nuestras urgentes y legítimas luchas locales, sino que a corto plazo, la crisis de las ciudades se hará inmanejable, llevando al colapso total al 87% de la población del país.
Ya hemos avanzado en parte, el 17 de marzo solicitamos formalmente ante la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, que se garantice un marco de respeto a las organizaciones ciudadanas concernidas en las problemáticas urbanas, del medioambiente y de la participación ciudadana, de tal forma que el proceso a través del cual se discuta dicha ley se transforme en un hito en la historia democrática del país, integrando equitativamente al poder legislativo, ejecutivo y a la ciudadanía.
Para ello se solicitó, que las organizaciones que luchan en defensa de las ciudades, dispongan -bajo el principio de igualdad ante la ley- de un financiamiento público para levantar una propuesta alternativa ante las instancias parlamentarias del Senado.
Entendemos por cuanto, que es sólo a través de la firme voluntad y convicción desde la ciudadanía organizada, que podremos romper las barreras de la exclusión impuestas por la autoridad y los medios de comunicación, generando un frente amplio de movilización que conduzca al país a una profunda toma de conciencia en torno a cómo queremos vivir en las ciudades y a reaccionar frente a la vulneración de nuestros derechos ciudadanos, por la aplicación de una legislación urbana antidemocrática, que se verá legitimada por el parlamento a través del proyecto de reforma que el gobierno pretende hacer aprobar hoy.
Exijamos que se respeten y garanticen nuestros derechos civiles para producir una instancia de discusión trasversal y de debate público -durante el espacio de tiempo que sea necesario- para concluir con una propuesta ciudadana que siente las bases conceptuales del espíritu de una nueva legislación urbana para el país, centrada en una concepción humanista y sustentable de desarrollo urbano y de planificación del territorio nacional.
SUMATE YA! AL LLAMADO A MOVILIZARSE POR UNA LEGISLACIÓN URBANA CIUDADANA
HAGAMOS CRECER LA COORDINADORA A TRAVÉS DE TODO EL PAÍS, por ahora están:
1.Red Ciudadana Por Ñuñoa
2.Coordinadora Vecinal La Reina
3.Vecinos Por la Defensa del Barrio Yungay
4.Fundación Defendamos la Ciudad
5.Comité de Desarrollo de Villa Portales
6.No a la Destrucción de Av. Matta
7.Comité Adelanto Seguridad Ciudadana Lo Vial de San Miguel
8.Ciudad Viva
9.Salvemos Vitacura
10.Centro Cultural El Sitio de Yungay
11.Centro Cultural Patricio Bunster
12.Fundación Manos Abiertas para el Desarrollo
13.Defendamos Plaza Las Lilas
14.Acción Ecológica
15.Red de Acción de Justicia Ambiental y Social, RAJAS
16.Defendamos el Patrimonio Urbano y Habitacional de San Miguel
17.Coordinadora Ríos del Maipo
18.No a la planta de gas en Peñalolén
19.JV Club de Campo Norte Peñalolén
20.Comité por una Vivienda Digna, El Volcán 2, Puente Alto
21.Vecinos por la Defensa del Parque Gorostiaga
22.ONG ICAL
23.ONG Memoria y Cultura Popular
24.Cultura en Movimiento
25.Cultura Libre (Valparaíso)